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Justicia Geométrica

La justicia está en boca de todos y en la mente de muy pocos. ¿Sabemos lo que es cuando nos preguntan?

¿Dónde está el poder constituyente?

En contra de lo que la derecha nacionalista -me refiero a la "española"- ha venido argumentando, el proceso constituyente abierto en Cataluña con motivo de la coyuntura postelectoral no supone un peligro por desmembrar territorialmente España, cosa que no ocurrirá si España no quiere, y no va a querer, sino por ningunearla en lo jurídico, lo cual ya ha sucedido y es irreversible. Dos presidentes títeres, representantes a gran escala de lo minoritario hegemónico (Zapatero del "sentimiento" autonomista periférico, con el que empatiza para dotarse de cierto factor diferencial y un talante antijacobino; Maragall de la burguesía del Principado, prueba viviente de que el "interclasismo" en democracia no es otra cosa que uniclasismo), se han articulado a las mil maravillas para apropiarse de una iniciativa ajena y rentabilizarla en favor de su propia imagen, aun a expensas de despojar a la soberanía española de sus prendas esenciales.

España no puede ser sólo un árbitro de la más elevada instancia, que es lo que pretende el mal entendido "proyecto federal". Debe asumir su papel de motor vivificante e inclusivo, sin perjuicio de la libertad de los miembros del todo orgánico. No puede cambiarse a sí misma por deseo de unos cuantos, multiplicarse al gusto y adaptarse a caprichos proteicos, claudicar ante el voraz populismo.

Ahora toca aguantar las euforias futboleras del Estatut. Con la excusa de la financiación (más o menos justa o necesaria, según determinen los presumiblemente poco imparciales expertos de ambos bandos), en lugar de promoverse una reforma específica, se vuelve a partir desde cero mediante un texto nuevo y programático con el fin de:

1) Asociar indisolublemente Cataluña al nacionalismo, convirtiendo al resto de partidos en opciones ideológicamente proscritas, marginales en suma, si bien políticamente posibles.

2) Aparentar progresos regulando de manera constitutiva prácticas ya consolidadas o recogidas en otros ámbitos de la legislación autonómica.

3) Colar caballos de Troya (el principal: el laicismo obligatorio) mientras se descuidan, se postergan o se declaran de acuerdo imposible los aspectos que más interesan a la sociedad, como la vivienda, la precariedad laboral o la pobreza, que siguen contemplando de forma dogmática preceptos sin aplicabilidad práctica.

Desde el Estado el proyecto le sirve a Zapatero para:

1) Evitar repetir el "pactismo catalán" tradicional que desprestigió a los últimos gobiernos de Felipe González y al mismo Pujol al final de su carrera. La estructura multipartidista del ejecutivo catalán, con CiU en la oposición, era la más propicia para este consorcio interno que alejara toda idea de chantaje de Carod a Zapatero o, por otro lado, la sospecha de subordinación de Maragall al PSOE.

2) Atajar el independentismo unilateral de Ibarretxe, reconduciéndolo al regalismo autonómico constitucionalista, que lleva camino de convertirse en una nueva farsa nacionaloide donde cada cantón pugna por sus intereses y desborda, hasta tornarla superflua, la ya mal gestionada "solidaridad" de Madrid.

3) Deslegitimar cualquier intento ulterior de revisión en los próximos 30 años, lo que es una forma de blindaje de las clases dominantes, las verdaderas interesadas en esta gigantomaquia burocrática.

El PSOE, de origen marxista, es hoy más liberal que nadie. Sólo recurre al "Estado fuerte" para extirpar la religión de la vida pública o para liquidar instituciones sociales milenarias; sólo se sensibiliza con la cultura cuando da réditos en las urnas. El derecho al servicio del partido, el partido al servicio del lobby.

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